Policy Brief on the need to include communities in Extractive Activities environmental governance.

Environmental governance of extractive activities in Latin America and the Caribbean: the need to include local communities. While investments in extractive activities in Latin America and the Caribbean (LAC) are booming, there are growing concerns about their social and environmental consequences. Extractive activities, which include metal mining, the extraction of fossil fuels, hydroelectricity and biomass, are expanding and moving into more remote areas that are often inhabited by indigenous and peasant communities. These activities have far-reaching consequences. On the one hand, they generate economic development, jobs, infrastructure and government revenues that partly pay for social programs. On the other hand, they often bring damage to nature and local livelihoods, require large volumes of energy and water, and produce large amounts of waste. Many local communities claim that their needs and their concerns about these negative effects of extractive activities are being neglected, and resistance is mounting. Existing regulatory and institutional frameworks, including consultation mechanisms, are unable to prevent and solve these problems. Various studies show that local social and environmental concerns need to be genuinely taken into account in decision-making processes on extractive activities in LAC. Local communities are the most directly impacted by mining as well as by oil and gas exploration, hydroelectric dams and new forms of biomass extraction (oil palm and soybean plantations). They also have extensive knowledge of the natural resources that are affected by these activities. National policy-makers, foreign investors, importing countries and international organisations have to seriously involve local communities in decision-making, in order to reach sustainable and equitable development. Unless local voices are genuinely included, and institutional and technical practices are improved, extractive activities will lead to more tensions, which may result in violent clashes. Extractive activities are susceptible to creating conflicts, especially if local community calls for meaningful participation are not properly addressed. Inclusive democratic measures are necessary to prevent this from happening. Read more... La gobernanza ambiental de actividades extractivas en América Latina y el Caribe: la necesidad de incluir a las comunidades Ante el auge de las inversiones en actividades extractivas en América Latina y el Caribe (ALC), se está generando una creciente preocupación sobre sus consecuencias sociales y ambientales. Las actividades extractivas, incluyendo la minería metalífera, la extracción de hidrocarburos y la biomasa, se están expandiendo y trasladando hacia nuevas y remotas áreas, a menudo habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Estas actividades tienen profundas consecuencias. Por un lado, generan desarrollo económico, puestos de trabajo e infraestructuras, así como ingresos para los gobiernos, que son parcialmente orientados a financiar programas sociales. Por otro lado, estos proyectos a menudo dañan la naturaleza y los medios de vida locales, consumen grandes cantidades de energía y agua, y producen grandes cantidades de residuos. Muchas comunidades reclaman que sus necesidades e inquietudes sobre los impactos negativos de las actividades extractivas no son suficientemente tomadas en cuenta, por lo que se incrementa la resistencia local. Los marcos regulatorios e institucionales existentes, incluyendo los mecanismos de consulta, no resultan adecuados para prevenir y solucionar estos problemas. Diversas investigaciones señalan que las preocupaciones sociales y ambientales de los actores locales deben ser tomadas genuinamente en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo de actividades extractivas en ALC. Las comunidades locales son las que más sufren el impacto directo de la explotación minera, así como la explotación petrolífera y gasífera, represas hidroeléctricas y nuevas formas de extracción de biomasa (palma aceitera y plantaciones de soja). Además ellas poseen amplios conocimientos sobre los recursos naturales afectados por estas actividades. Tanto las autoridades nacionales, como los inversionistas extranjeros, los países importadores y las organizaciones internacionales debieran involucrar seriamente a las comunidades locales en la toma de decisiones con el fin de asegurar un desarrollo sostenible y equitativo. Si no se toman en cuenta las voces locales y se mejoran las prácticas institucionales y técnicas, se incrementarán las tensiones vinculadas a actividades extractivas, lo que podría desembocar en crecientes enfrentamientos violentos. Si las peticiones de legítima participación de las comunidades locales no son atendidas de forma apropiada las actividades extractivas podrían suscitar conflictos crecientes. Para prevenir que ello ocurra es necesario implementar medidas democráticas incluyentes. Leer más...