Un estudio de la UAB valora las características que debería tener un partido judicial santcugatense

En cuanto al número de jueces y juezas que deberían formar este partido judicial, se evalúa el número de habitantes, el número de asuntos previsibles que cada sección podría asumir y la carga de trabajo óptima que puede soportar un juez o jueza. Teniendo en cuenta estos y otros indicadores, el estudio determina que para el funcionamiento óptimo del juzgado de Sant Cugat convendría disponer de una sección única formada por ocho jueces o juezas del ámbito civil y cuatro jueces o juezas de instrucción. Estos doce magistrados o magistradas podrían distribuirse con siete plazas de civil, dos de instrucción y tres de especialidad: una de violencia sobre la mujer, una de violencia sobre la infancia y la adolescencia y una de infancia, familia y capacidad.

El informe apunta que se podría disponer también de un juez o jueza de la sección de lo penal y un juez o jueza de la sección de lo social compartidos con los actuales juzgados de Rubí. Y señala también que se podría añadir a las anteriores secciones una sección de lo contencioso administrativo formada por un juez o jueza compartida con los partidos judiciales del Vallès Occidental, con sede en Sant Cugat del Vallès. En total serían quince jueces o juezas.

Un largo camino

La elaboración de este estudio la acordaron el alcalde Vallès y el rector Lafuente después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde a la creación de un partido judicial propio en Sant Cugat, el 19 de diciembre de 2024. El 23 de octubre anterior, el alcalde santcugatense se desplazó a Madrid para reunirse con el secretario de estado de Justicia con el objetivo de impulsar la creación del partido judicial propio de Sant Cugat del Vallès. Vallès hizo patente la necesidad de disponer de este servicio en Sant Cugat, que ahora depende del partido judicial de Rubí, para resolver las necesidades de la ciudadanía, dado el volumen de la población de cerca de 100.000 habitantes y de la demanda de profesionales, comercios, entidades establecidas y particulares de municipio. Y, el 30 de noviembre, el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, expresó su apoyo a la iniciativa.

Con la aprobación de la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia se puso fin a una larga reivindicación, iniciada hace más de treinta años, y reiterada en varias ocasiones tanto al gobierno de la Generalitat como al gobierno del Estado. Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Cugat dispone de los terrenos, de 10.678 m2, calificados de equipamiento y situados en la avenida de Can Volpelleres, donde se ubicará el nuevo equipamiento judicial.