Los centros escolares de más complejidad no mejorarán los resultados sin más recursos y políticas estables

El informe aborda cómo los centros de más complejidad, un 24 % del total, viven su autonomía y la mejora educativa. Se ha hecho a partir de una investigación que incluye una encuesta a 155 miembros de equipos directivos y 852 docentes de una muestra representativa de 78 centros de primaria y secundaria de Cataluña (públicos y concertados), y 68 entrevistas. Por primera vez, la encuesta recoge la voz del profesorado sobre las políticas educativas.

La elaboración del estudio ha sido a cargo de los investigadores de la UAB Toni Verger (Departamento de Sociología), Mauro Moschetti (Departamento de Teorías de la Educación y Pedagogía Social) y Edgar Quilabert (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB), así como de Marcel Pagès (Universidad de Barcelona) y Gerard Ferrer Esteban (Universitat Oberta de Catalunya). El estudio se enmarca en un estudio internacional más amplio, REFORMED, financiado por el European Research Council y coordinado desde la UAB.

El documento constata la apuesta de los centros más complejos para mejorar los aprendizajes, pero demuestra los límites que tienen para hacerlo en condiciones. En este sentido, un 60 % del profesorado de centros de complejidad alta o muy alta ve difícil aprovechar las pruebas de competencias para mejorar resultados, mientras que en el resto de los centros representan un 37,5 %. Estos centros de mayor complejidad también están por encima de la media en el uso de métodos como enfoques colaborativos, grupos heterogéneos o el aprendizaje a partir de la indagación y la resolución de problemas. A la vez, el profesorado siente el triple de apoyo por parte de los compañeros y la dirección para afrontar necesidades educativas, sociales y de bienestar del alumnado.

Por otro lado, la determinación por mejorar de los centros de alta y muy alta complejidad contrasta con la gran cantidad de necesidades que atienden, que les quita tiempo para colaborar e intercambiar prácticas y materiales. Tienen la mitad de probabilidades de hacerlo que los docentes de centros de baja complejidad.

«Ni la pobreza ni la matrícula viva ni las complejidades son un problema “de los otros”», quiso dejar claro Ismael Palacín, director de la Fundación Bofill, en el acto de presentación del informe. «Son un 24 % de los centros del país. No son una excepción, y merecen una prioridad y una política educativa», añadió. «La investigación que estudia las políticas que funcionan y las combina con el conocimiento y la pericia de la escuela es un buen antídoto en un mundo donde reina la resignación», concluyó.

Por su parte, Toni Verger dejó claro que «sin una política pública comprometida, difícilmente estos centros podrán salir de la situación de aislamiento, y no mejorarán los indicadores del conjunto del sistema». Verger, catedrático de Sociología de la UAB, añadió que «priorizar estos centros es una cuestión de eficacia pero también de justicia social». Explicó que los docentes de los centros de más complejidad perciben tres veces más apoyo y colaboración de los compañeros que los docentes del resto de los centros, «un valor positivo que también hace pensar en todo lo que están supliendo estos profesionales».

De hecho, la alta inestabilidad de los claustros (lo demuestra que entre 2018 y 2023 se sustituyó un 53% del claustro en los centros de máxima complejidad) perjudica particularmente al alumnado de los centros vulnerables, donde suele haber más matrícula viva. La inestabilidad de las plantillas es una de las principales dificultades para consolidar los proyectos educativos, fomentar la cohesión docente y asegurar la mejora de los aprendizajes y el vínculo con la escuela y los estudios.

Con estos condicionantes, los centros de elevada complejidad acaban priorizando acciones, a partir de las cuales el informe detecta cuatro estrategias: escuelas orientadas a la eficacia para obtener buenos resultados; hiperactivas, que anteponen el bienestar emocional y tienden a sumarse a numerosas iniciativas; voluntaristas, preocupadas principalmente por la inclusión con experiencias no necesariamente académicas, y resignadas, que perciben muchas limitaciones y ponen el foco en las competencias instrumentales más básicas.

A partir de la investigación, el informe plantea varias medidas para facilitar que se consoliden equipos y proyectos, para fortalecer la colaboración docente y el intercambio pedagógico, para recibir más apoyo y recursos para personalizar la enseñanza en igualdad de condiciones que el resto, y para conseguir una evaluación de competencias útil y sostenible que reduzca la presión de los centros y potencie el valor formativo.

Las medidas van desde la reducción de la carga lectiva y del horario de docencia y el incremento del personal administrativo, hasta los incentivos de formación y reconocimiento profesional, la participación en redes de aprendizaje e intercambio de experiencias, el apoyo de inspección educativa, así como la distribución de recursos en función de las necesidades de los centros. También incluye repensar las pruebas diagnósticas en 4.º de primaria y 2.º de ESO y las pruebas de competencias básicas a finales de etapa y duplicar los centros participantes en el estudio PISA.