Las hipotecas, un "problema de Estado" para los expertos

12/04/2013

José María Fernández Seijo, juez mercantil de Barcelona que llevó el proceso de ejecución hipotecaria de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comentó la jurisprudencia que se ha ido estableciendo alrededor de este tema. Lamentó que, por las características de nuestro sistema jurídico, el proceso de ejecución hipotecaria sea "extremadamente severo" porque el afectado "no puede explicar que tal vez lo engañaron o le impusieron una cláusula abusiva".

Siguiendo las indicaciones del tribunal de Luxemburgo, reivindicó que el sistema debería "anticipar la tutela, controlar de oficio las cláusulas abusivas y anularlas". Y agradeció la presión ejercida por los movimientos sociales en este tema.

En contrapartida, Ada Colau inició su intervención agradeciendo el papel desarrollado por "algunos jueces" comprometidos como los propios Seijo y Vidal. Glosó el recorrido de la PAH y sus reivindicaciones, plasmadas en la iniciativa legislativa popular que fue presentada en el Congreso. Contextualizó también el problema explicando cómo "la gran mayoría de personas que han firmado hipotecas no sabían qué firmaban" y denunciando la presión ejercida por "políticas públicas muy agresivas a favor de la compra de pisos", especialmente en materia de desgravación fiscal.

Según Colau, España es "el país europeo que más vivienda ha construido y, a la vez, el que menos vivienda social ha hecho y el que más deshaucia". Calificó el tema como un problema "de país" y valoró que una sociedad "no sale de la crisis si no salen adelante sus ciudadanos".

Antoni Serra-Ramoneda, catedrático del Departamento de Economía de la Empresa de la UAB, se expresó en términos parecidos para explicar que se trata de un "problema de Estado" ya que afecta indirectamente a la credibilidad del sistema bancario español. El economista comentó el caso de Estados Unidos durante la depresión de los años treinta, cuando el gobierno de F. D. Roosevelt implementó una política consistente en asumir desde el Estado la propiedad de las viviendas de familias con problemas para pagar las hipotecas. Los ciudadanos pasaban entonces a contraer la deuda con el Estado en condiciones más favorables que con los bancos. Toda esta operación supuso un 8,4% del PIB del país.

Según Serra Ramoneda, "cuando comparamos este problema con lo que nos está costando el FROB, creo que se tendría que haber implementado un programa similar al de Estados Unidos".

También Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de la Asociación Jueces para la Democracia, lamentó que se perdiera una oportunidad: aprobar una ley que preveía expropiaciones temporales de viviendas vacías que fue ideada por el primer gobierno tripartito en Cataluña y que no se llegó a desarrollar.

Vidal versó especialmente sobre el papel que están jugando los juecees. Recordó que la Constitución les otorga la función de interpretar las leyes, "no sólo aplicarlas como máquinas". Entonces, "ya que el problema no lo soluciona quien debería hacerlo, el poder legislativo, lo hacemos los jueces a partir de nuestras herramientas", es decir, las sentencias que pueden interpretar la ley a favor de los más débiles.

El magistrado, no obstante, advirtió también que la posición actual de los juecees es, al menos en parte, fruto de una coyuntura en que están "muy enfadados" con el gobierno actual por las condiciones que les está imponiendo. Y, en consecuencia, recordó que se trata de un colectivo mayoritariamente "muy conservador" que, en otras circumstancias, quizás cambiará de actitud.