La UAB aprueba una nueva política de derechos humanos que implica todas sus actividades y relaciones

El documento fija una serie de compromisos para garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los aspectos de la actividad del personal trabajador y del alumnado, desde el fomento de la «igualdad real de oportunidades» y la promoción de un «ambiente laboral respetuoso y armónico» hasta la participación en la toma de decisiones o la transparencia y accesibilidad de las comunicaciones.

Además, la UAB «se compromete a respetar y promover los derechos humanos en su relación con los proveedores» y «establecerá colaboraciones únicamente con proveedores que compartan los principios recogidos en su Código ético y que garanticen el respeto a los derechos humanos». Asimismo, se establece una política de diligencia debida (concepto legal que se refiere al control de una persona o entidad en el momento de establecer una relación legal) que compromete a la institución a, entre otros, evaluar los posibles riesgos, tomar medidas preventivas y correctivas, hacer un seguimiento y tener mecanismos de queja y reparación. El texto también menciona los canales de comunicación que hay disponibles «para que los grupos de interés puedan expresar consultas, quejas y reclamaciones»: el Canal Ético de la UAB, el servicio Opina UAB, la oficina de la defensora universitaria, el Punto de Información y el registro electrónico.

La Universidad establece también sus compromisos con el conjunto de la sociedad, y la política afirma que se trabajará «conjuntamente con instituciones públicas, organizaciones internacionales y otras entidades para favorecer el respeto a los derechos humanos y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Esta nueva política de derechos humanos se fundamenta principalmente en los Estatutos, el Código ético, la Política climática y el Plan de responsabilidad social universitaria 2023-2024 de la UAB, así como en los marcos nacionales e internacionales de referencia, como, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.