Sergio Aguayo: "Ningún gobierno mexicano ha tenido una estrategia adecuada contra el crimen organizado"

Desde el principio de su carrera, ha escrito usted acerca del movimiento estudiantil de 1968 en México y la matanza de Tlatelolco. ¿Considera probada la implicación de Estados Unidos, o concretamente de la CIA?

Curiosamente, el asesinato de John F. Kennedy fue uno de los factores que llevó a la desclasificación de información muy importante sobre el tema. Como el asesino material de Kennedy estuvo en México con el objetivo de entrar en Cuba -fue a las embajadas cubana y soviética-, obligaron a desclasificar un paquete de expedientes de la CIA en el que estaban las 500 páginas de memorias de la secretaria ejecutiva del representante de la agencia en México, Winston Scott. Allí encontré la evidencia de que Gustavo Díaz Ordaz recibió un salario de la CIA y de que Scott fue un personaje clave para que el presidente mexicano adoptara la decisión de ordenar la masacre. Ahora, ¿hasta qué punto eso significa que participara el gobierno de Estados Unidos? No creo que hubiera estado de acuerdo con esa decisión porque en su seno había diferencias muy serias sobre la participación del bloque soviético en el movimiento estudiantil. El Departamento de Estado no tenía evidencias al respecto; Scott sí lo creía.

¿Ha seguido estudiando posibles injerencias de Estados Unidos en asuntos internos de México?

Uno de los ejes de mi carrera es el papel que tiene Estados Unidos en la vida mexicana. Ser vecino de una potencia es muy complicado. En una ocasión, estuve conversando con dos profesores, uno polaco y el otro coreano, y coincidimos en que, independientemente de que la potencia sea consciente o no, sus omisiones y acciones tienen un peso inevitable sobre el vecino débil. Y ese vecino tiene que entender cómo le condiciona la superpotencia, como lo es China respecto a Corea, la URSS o Rusia respecto a Polonia y Estados Unidos respecto a México.

¿Funciona la colaboración entre el Estado mexicano y la DEA norteamericana?

Funciona siempre y cuando se haga lo que la DEA dice porque es una de las agencias más autoritarias que hay y tiende a imponer su modelo de combate contra el crimen organizado. Es un matrimonio mal avenido porque, independientemente de lo que digan, se necesitan mutuamente. La DEA tiene una capacidad fenomenal de captación de información y una red de informantes mucho mejor que la del gobierno mexicano. Por lo tanto, México la necesita le guste o no. La capacidad tecnológica de Estados Unidos no tiene rival en el mundo; tal vez en China, pero ellos no tienen algo como El Paso Intelligence Center (EPIC), por ejemplo, que es un gran nodo de captación de información.

Dentro del crimen organizado del México actual, ¿siguen teniendo poder los grandes cárteles como los Zetas o ha quedado más fragmentado?

En el siglo XXI, hay dos modelos de negocio criminal en México. Uno sería el del cártel de Sinaloa, que se dedica casi exclusivamente a la producción, procesamiento y tráfico de drogas a Estados Unidos. El otro es el modelo de los Zetas, la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que también trabajan los narcóticos pero han diversificado los negocios: gasolina, prostitución, contrabando de personas... Otra diferencia es el uso de la violencia contra la población. El cártel de Sinaloa la usa menos; los otros, recurren a ella de manera indiscriminada. Los Zetas tienen un origen militar y, en su lógica, hay que controlar el territorio y aterrorizar a la población para extraer de ella toda la ganancia que se pueda.

¿Cómo ha evolucionado la sensación de inseguridad en los últimos años?

Crece o, al menos, no se reduce. En la última encuesta del diario Reforma, que salió hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtiene una aprobación muy clara, del 62%, pero la desaprobación de su política de seguridad es del 59%. Es el gran tema pendiente de los gobiernos. Ningún ejecutivo, desde que empezaron las guerras del narco en 2006, ha tenido una estrategia integral adecuada para contener el crimen organizado. Sigue creciendo, intervino en las elecciones del 2021...

¿Cómo interviene? ¿Ponen candidatos afines, presionan a los votantes...?

Es una intervención integral que consiste en controlar a quienes gobiernan o asegurarse de que son elegidos quienes ponen ellos mismos. Históricamente, ponen a gente suya en dos cargos: jefe de policía y jefe de tránsito. Pero, con los años, también han intervenido en la administración de los presupuestos públicos para, igual que en Sicilia, dar contratos a empresas suyas y tener una puerta de entrada al mundo de la legalidad. A través de gobiernos locales, pueden decidir a quién le dan una licencia para vender alcohol y a quién se la quitan, o el permiso para abrir una discoteca; o pueden poner en un determinado barrio a policías que están a su servicio para que hagan la vista gorda con la prostitución o la venta de narcóticos.

¿Las políticas del presidente AMLO han intervenido en la relación del crimen organizado con los poderes públicos?

La política de seguridad es el talón de Aquiles del gobierno de López Obrador a pesar de que su retórica está teniendo éxito. El presidente es un extraordinario comunicador pero carece de estrategia. Dice: "abrazos, no balazos", o "becarios, no sicarios"; son frases muy impactantes pero no substituyen a una estrategia de seguridad efectiva, que debería ser una mezcla virtuosa de capacidad de captación de información, uso de la fuerza, programas sociales, buenos salarios para la policía... Y, sobre todo, coordinación entre las instituciones, que es de lo que carece el gobierno federal, a diferencia del gobierno de la Ciudad de México.

Y explica usted en otras entrevistas que en México hay un gran nivel de impunidad. ¿La corrupción está también en la justicia?

El sistema judicial es esquizofrénico. Desde que el presidente Ernesto Zedillo, en 1994, renovó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder judicial federal ha ido mejorando pero el de los estados está muy corrompido. Acabo de salir, tras cinco años y medio, de una demanda a causa de una columna que me interpuso un ex alumno de la UAB: Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, que fue detenido en Madrid en 2016. Ha sido un juicio complejísimo que acabo de ganar hace apenas un mes. La Suprema Corte me dio la razón por unanimidad. Pero, durante estos cinco años y medio, he constatado la terrible corrupción del sistema judicial de la Ciudad de México y la relativa eficiencia y moralidad del sistema judicial federal. Es absurdo que uno tenga que llegar hasta la Suprema Corte para poder tener confianza.

¿El crimen organizado afecta a la vida universitaria?

Se ve condicionada por la sensación de inseguridad de los jóvenes, que es a quienes más afectan los homicidios y desapariciones. Hay una epidemia de feminicidios y secuestros contra mujeres jóvenes por violencia de género o para comercializarlas en el mundo de la prostitución. Las universidades son también un mercado para la promoción de la venta de narcóticos y, en mucha menor medida, campo de reclutamiento de sicarios; de hecho, el crimen organizado recluta a sicarios en otros ámbitos pero sí busca cuadros en las universidades para otras funciones.

¿Y se estudia el fenómeno en el mundo académico?

Estamos negociando un convenio el Colegio de México, el Seminario sobre Violencia y Paz del que formo parte y la UAB para empezar a investigar conjuntamente sobre los nexos entre México y España en temas de circuitos financieros criminales. No quiero ser pájaro de mal agüero pero, leyendo la prensa española de manera cotidiana, veo que los avances del crimen organizado aquí son notables aun cuando estoy impresionado por la calidad de las policías españolas.