La cara oculta de la transición energética: los megaproyectos de renovables sacrifican los derechos de las comunidades locales
La rápida expansión de las energías renovables para combatir la crisis climática vulnera de forma sistémica las necesidades y las formas de vida de las poblaciones locales en todo el planeta.
Un exhaustivo estudio internacional en el que ha participado el ICTA-UAB revela que las grandes corporaciones energéticas utilizan el discurso de la sostenibilidad ambiental para así legitimar proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos que, en la práctica, dejan a las comunidades al margen de unos beneficios económicos y financieros justos, e ignoran sus graves impactos sociales y ambientales.
A partir del análisis del grupo italiano Enel, una de las mayores empresas eléctricas del mundo y propietaria mayoritaria de Endesa, la investigación analiza quince casos de conflictos sociales en torno a proyectos de energía renovable, incluidos proyectos solares, hidroeléctricos, eólicos y geotérmicos, en Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, la India y el Sáhara Occidental. El estudio, publicado recientemente en la revista científica Ecological Economics, cuenta también con la participación de investigadores de la Università Ca’ Foscari de Venecia, la Universitat Ramon Llull y la Universitat Oberta de Catalunya, en Barcelona, y la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de Londres.
Aunque las compañías aplican el novedoso concepto corporativo de «creación de valor compartido» y lo presentan como una forma de beneficiar tanto a las empresas como a las poblaciones locales, estas comunidades siguen enfrentándose a las corporaciones por infringir sus derechos. Los autores sostienen que la narrativa funciona como una mejora moral de la responsabilidad social corporativa, ya que son las propias empresas las que definen unilateralmente lo que se considera «valor» en la transición energética y dejan fuera los valores fundamentales de las comunidades afectadas, tales como los vínculos culturales con la tierra, la soberanía alimentaria, la salud y la autonomía sobre sus recursos naturales.
Los autores también advierten de que el lavado de imagen verde (greenwashing) de Enel no es un caso aislado, sino un patrón global extrapolable al modelo de megaproyectos renovables en todo el mundo. En todos ellos, la urgencia climática se utiliza como excusa para acelerar la construcción de infraestructuras energéticas que reproducen lógicas que priman la obtención de beneficios por encima del bienestar territorial. En consecuencia, los resultados cuestionan la voluntad de las grandes corporaciones de cumplir realmente los criterios de debida diligencia y de respetar los derechos humanos.
«La transición energética es urgente, pero no puede construirse sobre el sufrimiento de comunidades cuyos valores quedan fuera de la ecuación. Comprender qué “valores” son significativos a escala local es una condición previa para que una transición sea verdaderamente justa y sostenible en el tiempo. Por ejemplo, es contradictorio proporcionar energía hidroeléctrica a la industria minera y afirmar que se utiliza energía verde, cuando las comunidades afectadas han sido engañadas y obligadas a desplazarse y han perdido sus medios de subsistencia y sus lazos comunitarios, como ocurrió en Chile», afirma Daniela del Bene, investigadora del ICTA-UAB y de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.
Violaciones de acuerdos
Los movimientos sociales, las comunidades organizadas, los periodistas y las ONG internacionales llevan tiempo denunciando las violaciones de los acuerdos y de los principios básicos de los derechos humanos. A través de un ejercicio de contrainformación y entrevistas, la investigación analiza cinco dimensiones de los impactos: ambiental, socioeconómica, relacionada con la salud, ontológica y política. Entre ellas, destacan la inundación de reservas protegidas, la pérdida de biodiversidad y la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental incompletas. A esto se suman el desplazamiento forzado de poblaciones, la alteración de las economías tradicionales y los problemas de salud relacionados con el ruido en las zonas de energía eólica. Asimismo, las comunidades se enfrentan a un estrés cada vez mayor, compensaciones económicas inadecuadas, falta de información transparente y la ignorancia de valores espirituales o relacionales en territorios no autónomos y zonas de conflicto.
En todos los casos aparecen impactos en la flora y la fauna, a menudo acompañados de quejas por la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental incompletas o parciales. Por ejemplo, en la presa hidroeléctrica del Quimbo (Colombia), las fuentes señalan la inundación de más de 8.000 hectáreas, la mayoría de ellas dentro de un área protegida, con más de 30.000 personas afectadas. En la región brasileña de Cumaru, donde se ubican parques eólicos de la compañía, los residentes han denunciado enfermedades vinculadas al ruido e incluso casos de depresión, alcoholismo, migración forzada y suicidio, efectos que los miembros de la comunidad vinculan a la pérdida de sus tierras y de los lazos comunitarios. Una situación similar se da en el desierto de Thar, en el estado indio de Rajastán, donde se están construyendo grandes parques solares, mientras que en el Sáhara Occidental también han surgido graves problemas vinculados al estatus de territorio no autónomo.
«Los casos muestran que el tipo de daño cambia según si se trata de presas, parques eólicos, geotérmicos o solares, pero la lógica subyacente es la misma: las relaciones de la comunidad con el territorio están subordinadas a la lógica del beneficio económico», señala Roberto Cantoni, de la Universidad Ramon Llull.
«El discurso de la responsabilidad corporativa cambia con el tiempo para adaptarse a las preocupaciones urgentes sobre la sostenibilidad social de los proyectos de desarrollo a gran escala. El modo de operar problemático de las empresas multinacionales no cambia. Y la idea de “crear valor compartido” es un ejemplo de esta contradicción», indica Antonio Bontempi, investigador del ICTA-UAB.
La publicación hace un llamamiento a los gobiernos y a las instituciones para que construyan una gobernanza energética basada en valores plurales. Para lograrlo, los autores proponen pasar de simples procesos de consulta a un verdadero poder de codecisión para las comunidades afectadas. Asimismo, piden evaluaciones de impacto que reconozcan los valores relacionales y espirituales, también con las especies no humanas, un reparto de beneficios acordado de manera colectiva y un apoyo firme a los sistemas energéticos gestionados por las propias comunidades.
Artículo de referencia: Del Bene, D., Cantoni, R., Bontempi, A., Di Felice, L. J. y Siciliano, G. (2027). Valor compartido frente a valores plurales. Cuestionamiento de los proyectos de energías renovables del Grupo Enel. Ecological Economics. 10.1016/j.ecolecon.2026.109268