Las universidades proponen doce medidas a los representantes políticos en la declaración de Calonge

El documento, llamado Declaración de Calonge, ha sido firmado por los rectores y las rectoras, así como los presidentes y presidentas de los consejos sociales de las universidades asociadas, entre las cuales se encuentra la UAB. El texto advierte de que "una sociedad de progreso y una economía competitiva en el contexto global requieren unas universidades sólidas que atiendan, con plenas responsabilidad y garantías, sus funciones principales". Asimismo, recuerda que las instituciones de educación superior han sufrido el "fuerte impacto" de las "crisis económico-financieras de los últimos quince años" y reivindica que, "por cada euro público invertido en las universidades públicas, éstas devuelven cuatro euros y medio a la sociedad".

Así pues, las doce medidas propuestas por la ACUP incluyen "una financiación pública básica y recurrente de 1.400 millones de euros en 2025" y, al mismo tiempo, comprometerse a "alcanzar, en 2030, el 1 % del PIB de Cataluña en inversión pública en universidades". Además, se plantea la puesta en marcha de un "contrato programa plurianual con cada universidad que permita disponer de una estrategia singular de cada institución", tal y como ha reivindicado siempre la UAB dada su particularidad como universidad de campus. Otro punto sugiere "recuperar un plan de inversiones universitarias con cien millones de euros anuales".

En cuanto a la comunidad universitaria, se propone crear un programa de becas salario para el alumnado y desarrollar sendos planes de financiación para desarrollar la Ley orgánica del sistema universitario en materia de personal administrativo y de personal docente, incluyendo en este caso a los investigadores en formación y el personal postdoctoral. La declaración plantea también integrar la formación a lo largo de la vida en el sistema, fomentar la participación de las universidades en retos estratégicos de acuerdo con los ODS, dotarse de una infraestructura docente adecuada para atender a la diversidad del alumnado e incentivar la transferencia en términos similares a la docencia y la investigación. Finalmente, en el último punto la declaración se refiere a la estructura de la administración para reivindicar que se consolide "un departamento de universidades e investigación en el Govern" como el que ha estado operativo durante la presente legislatura.