La incerteza jurídica y los patinetes trucados centran el debate sobre los Vehículos Personales Ligeros en la EPSI

16/10/2026

Prevenció i Seguretat Integral - Escola FUAB Formació (EPSI UAB) celebró, el pasado 15 de octubre, una jornada dedicada a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y a los Vehículos Personales Ligeros (VPL). El encuentro, conducido por el profesor Salvador Rodríguez, Coordinador de las especializaciones en Investigación y Análisis de los Accidentes de Tráfico, y en Detección de Sustancias Psicotrópicas, estuvo articulado a través de tres mesas de debate, enfocadas en las perspectivas jurídica, policial y de aplicación práctica de la normativa de la Ley 5/2025, donde se puso de manifiesto la gran complejidad técnica, legal y operativa que suponía la eclosión del patinete eléctrico en las ciudades catalanas.

 

Cambio de paradigma en la movilidad urbana

La subdirectora general de Seguridad Vial del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) de la Generalidad de Cataluña, Anna Pintó, remarcó, durante la apertura del acto, que la nueva regulación respondía a la necesidad de proteger a los usuarios más vulnerables de la circulación, recordando que el 57% de las víctimas mortales en las vías continuaban siendo colectivos como los ciclistas o los peatones.

"La movilidad debe ser sostenible y saludable, pero sobre todo debe ser segura", afirmó Pintó, destacando la necesidad de reordenar la circulación ante los cambios demográficos, culturales y climáticos. Desde el SCT se informó de que actualmente se ejecutaban 21 campañas de sensibilización anuales y se facilitaban herramientas a los ayuntamientos, como ordenanzas tipo o planes locales de seguridad vial, además de estar elaborando el proyecto de un futuro curso online de conducción segura para usuarios de patinetes.

 

Anna Pintó, subdirectora general de Seguridad Vial del Servicio Catalán de Tráfico, abriendo la jornada en EPSI UAB

 

Mesa jurídica: Lagunas legales, seguros y reto del registro de vehículos

La primera mesa, moderada por Eugènia Domènech, gerente de la Autoridad Territorial de Movilidad (ATM) del Camp de Tarragona, contó con las intervenciones del experto en movilidad y docente de la EPSI, Alfons Perona; el abogado y miembro de la comisión de trabajo de los Vehículos Personales Ligeros, José Pérez Tirado; y la fiscal de Seguridad Vial de Cataluña, Isabel López Riera.

Alfons Perona repasó la evolución desde los primeros "artilugios eléctricos" en Barcelona (2017) y el decreto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de 2020. Sin embargo, advirtió que a pie de calle era casi imposible diferenciar a simple vista un VMP de un VPL o de un vehículo a motor, especialmente cuando muchos circulaban a velocidades superiores a los 25 km/h y estaban trucados.

Por su parte, José Pérez Tirado recordó que, para acceder al seguro obligatorio, un VPL debía cumplir tres requisitos: estar certificado, registrado y matriculado. A partir del 22 de enero de 2027, ningún vehículo de este tipo que no esté registrado podrá circular legalmente y podrá ser sancionado. Actualmente, había más de 4 millones de patinetes en circulación y se estimaba que solo 319.000 figuraban inscritos en la Dirección General de Tráfico - DGT (menos del 10%). Esta falta de registro podía dejar desprotegidas a las víctimas de accidentes, ya que el Consorcio de Compensación de Seguros, que indemniza a los perjudicados en caso de infractores desconocidos o insolventes, no cubría los siniestros de vehículos no inscritos.

La fiscal Isabel López alertó de diversas confusiones que generaba la normativa y de sus complicaciones en Derecho Penal. Por ejemplo, si un patinete había sido trucado o modificado para superar los 25 km/h, pasaba a ser considerado un vehículo a motor a efectos de responsabilidad, requiriendo atestados policiales y peritajes muy rigurosos para determinar si la conducta delictiva se debía juzgar por la vía administrativa o por la vía penal.

 

Los ponentes de la segunda mesa de diálogo dedicada a la operativa policial vinculada con los VPL.

 

Mesa policial: Necesidad de unificación de protocolos de actuación y de cambio de percepción de la ciudadanía sobre los VPL

Bajo la moderación de Salvador Rodríguez, representantes de los diferentes cuerpos policiales compartieron sus experiencias operativas. En este sentido, Francesc Gutés, sargento de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana de Barcelona, subrayó que las infracciones realizadas por los patinetes trucados eran una de las principales causas de accidentabilidad, y señaló la dificultad de leer las matrículas debido al tamaño reducido de la tipografía. Desde la GUB se priorizaba la seguridad de los peatones con controles estratégicos de tráfico y la inmovilización inmediata de los vehículos infractores.

También intervinieron Jordi Aguilar, caporal del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y Albert Martínez, caporal de la Policía Local de Cerdanyola del Vallès. Aguilar explicó los peligros que suponía la circulación ilegal por vías interurbanas, autovías o polígonos periféricos de estos VPL, y reclamó una unificación de los protocolos de actuación para todos los cuerpos policiales, además de potenciar la formación continua de los agentes en materia de normativa y en aspectos técnicos sobre los vehículos, para poder elaborar peritajes lo más rigurosos y precisos posible de los siniestros provocados por estos medios de movilidad.

Por su parte, Albert Martínez, de la Policía Local de Cerdanyola del Vallès, insistió en la necesidad de cambiar la percepción social de los VPL: "No son simples juguetes o patinetes, son vehículos con responsabilidades penales". Martínez defendió realizar inspecciones oculares rigurosas de 360° en caso de accidente porque, dependiendo de la información detallada en el informe pericial, se podría juzgar al infractor por vía administrativa o penal; y también dio a conocer un peligro adicional que a menudo pasaba desapercibido: el riesgo de incendio de las baterías de litio. Solicitó que los depósitos municipales estuvieran preparados con garantías de seguridad para almacenar estos vehículos como pruebas de diligencias.

 

Mesa sobre la aplicación práctica de la normativa: Velocímetros, hacer más pedagogía al ciudadano e inspecciones técnicas por ITV

La última mesa redonda fue moderada por Jordi Ibars, Jefe de la Policía Local de Cerdanyola del Vallès, para enfocarse en la aplicación de la regulación a la realidad y reflexionar sobre aspectos técnicos y operativos:

Arnau Coll, representante de MAHA Maschinenbau Haldenwang España, trató sobre los límites técnicos de la velocidad de los VPL. Consideró que la velocidad era el punto débil de los vehículos eléctricos. Según la normativa europea (EN 1728/2020), el límite seguro se situaba entre los 6 y los 25 km/h. Coll mostró la tecnología de velocímetros específicos que permiten a los agentes detectar alteraciones de estos vehículos a pie de calle y poderlas registrar como pruebas periciales.

Cristian Bardají, director del Área de Movilidad del RACC, hizo un llamamiento a sensibilizar a la ciudadanía para una conducción segura de los vehículos de movilidad personal, citando los datos del 5º Barómetro de la Movilidad en VMP en Barcelona y sus accesos, donde se remarcaba que el 25% de los usuarios de los patinetes se saltaban los semáforos o no respetaban los pasos de peatones.

Por su parte, Carles Aros, exjefe de la Policía Local de Lloret de Mar y asesor sénior de Seguridad, propuso que la verificación de trucajes de los patinetes no recayera únicamente en los agentes de calle, sino que se pudieran derivar a las estaciones de ITV, donde hay profesionales con conocimientos más técnicos sobre mecánica.

También se contó de nuevo con Anna Pintó, subdirectora general de Seguridad Vial del Servicio Catalán de Tráfico, que desarrolló algunos de los puntos mencionados anteriormente en su discurso de apertura de la jornada.

Finalmente, la fiscal Isabel López puso punto y final al encuentro de reflexión con una recopilación de las conclusiones y temáticas que se habían debatido. Entre ellas, la importancia de la coordinación de las actuaciones entre Policías Locales, Mossos d'Esquadra y gestores de la movilidad, y la apuesta firme por la formación, tanto de los agentes de seguridad como de los propios usuarios, con el fin de garantizar una convivencia vial segura y sostenible.