Una demanda en primera instancia tarda una media de 620 días en resolverse

15/05/2017

Un estudio realizado por la Cátedra de la UAB y del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) "Observatorio Social y Económico de la Justicia" revela que, en Cataluña, el tiempo medio transcurrido desde la presentación de una demanda hasta que se notifica la sentencia de primera instancia es de 620,4 días (20,4 meses). Los resultados fueron presentados el 15 de mayo en Barcelona, en un acto en el que han intervenido los codirectores del informe, Manuel Cachón y Enric Fossas, catedráticos de derecho procesal y constitucional de la UAB, respectivamente; la decana de la Facultad de Derecho, Esther Zapater; el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Carles McCragh; el director ejecutivo de la Obra Social "la Caixa", Jaume Lanaspa; y la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, Patrícia Gomà.

En el caso de la presentación de recurso de apelación, la duración media es de 577,3 días (19 meses). Son datos que se desprenden de una encuesta realizada a los abogados catalanes durante el año 2016, que también pone de relieve que, en el caso de la jurisdicción penal, la duración media de la fase de instrucción es de 2248,5 días (6,2 años), con un valor máximo de 4.901 días (13,4 años). Según el estudio, la admisión a trámite de demandas en Cataluña ha tardado, de media, 38,9 días en 2016, mientras que los señalamientos notificados han sido programados, en promedio, para una fecha de 128,9 días (4,2 meses) posterior a la fecha de la notificación. En un 25% de los casos, el acto ha acabado suspendiendo.

Tendencia a la baja de la actividad judicial en Cataluña desde 2010

El estudio también constata que el número de asuntos ingresados ​​en los juzgados catalanes el año 2015 fue de 1.237.491: un 72,2% en la jurisdicción penal, un 21,6% en la civil, un 4,9% en la social y un 1,3% en la contencioso administrativa. Esto supone una disminución del 6,2% respecto al año 2014. En perspectiva temporal, el estudio destaca que continúa la tendencia a la baja en el ingreso de asuntos iniciada en 2010 y que afecta a todas las jurisdicciones. El informe también certifica que, por quinto año consecutivo, el número de asuntos resueltos supera el de ingresados, lo que ha dado lugar a la progresiva disminución de los asuntos que quedan pendientes a finales de cada año, es decir, de la tasa de pendencia. Respecto al 2014, el número de asuntos en trámite a finales de año se ha reducido un 8,5%.

En Cataluña, la litigiosidad se ha reducido entre los años 2014 y 2015 en todos los órdenes jurisdiccionales. En conjunto, los asuntos ingresados ​​2015 han sido 164,8 por cada 1.000 habitantes, 10,6 menos que el año anterior (una reducción del 6,0%). La litigiosidad en Cataluña es de un orden ligeramente inferior a la del conjunto del Estado, que es de 179,7 y se sitúa en la mitad del rango de las comunidades autónomas, siendo Andalucía la comunidad autónoma que registró una mayor tasa con 209,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de Madrid (202), Canarias (196,7) y Baleares (194,2).

Más jueces, pero Cataluña se mantiene a la cola del Estado

Entre los datos que aporta el estudio destaca que, a pesar de que en los últimos años ha ido creciendo el número de jueces y magistrados, Cataluña todavía se mantiene por debajo de la media española. En 2015 había destinados en Cataluña un total de 865 jueces y magistrados: un juez decano, 649 de los órdenes civil y penal, 49 de lo contencioso administrativo, 81 de lo social, 30 jueces de adscripción territorial y 55 jueces en expectativa de destino adscritos como refuerzo. Si en 2004 había una ratio de 9,1 jueces por cada 100.000 habitantes, en 2015 se pasó a 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes. Con todo, se trata de una proporción inferior a la media española, que es de 12,6, jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, es decir, 1,1 jueces y magistrados superior que en Cataluña, que actualmente ocupa la decimotercera posición entre las comunidades autónomas. En la UE, la ratio es, según el estudio, de 15 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, un nivel que en España sólo alcanza Asturias.

Por otra parte, y en cuanto al resto de recursos humanos, el estudio pone al descubierto que si bien entre los años 2014 y 2015 se produjo un incremento significativo en cuanto al número de jueces, el resto de plantilla de la administración de justicia sufrió variaciones muy poco significativas.

Ante estos datos el presidente del CICAC, Carles McCragh, ha pedido "que se destine a la administración de justicia un mayor presupuesto que permita crear los nuevos juzgados que hacen falta en Cataluña y dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios". Para él, "la creación de nuevos juzgados es una necesidad y uno de los pilares fundamentales para un buen funcionamiento de la justicia, un elemento clave para el Estado social y democrático de derecho y una garantía de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano" . McCragh considera que, "dotando a la administración de justicia de los recursos necesarios, y con la colaboración de la abogacía y del resto de operadores jurídicos, se puede alcanzar la justicia que necesita y quiere el ciudadano: una justicia moderna, eficaz, independiente, seria y cercana a los ciudadanos, que esté desplegada en todo el territorio catalán". En este sentido, ha criticado "las propuestas de mejora planteadas desde la judicatura, que van encaminadas a la concentración de juzgados". Según ha afirmado, "esta concentración no es la solución de la justicia del siglo XXI que todos deseamos, parece más bien que se quiera mantener la justicia del siglo XIX, alejada del ciudadano".

Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater, manifestó que "este estudio nos aporta datos objetivos y contrastados que permitirán a los responsables políticos llevar a cabo una mejor diagnóstico de dónde hay que intervenir y con qué recursos para mejorar la eficacia de la administración de justicia. Asimismo, el análisis de la evolución de los indicadores con periodicidad anual es una herramienta que permitirá evaluar el impacto de las medidas implementadas". Para la profesora Zapater, "un estado democrático y de derecho necesita una administración de justicia organizada y suficientemente dotada para resolver los problemas reales de los ciudadanos sin dilaciones e ineficiencias, garantizando todos los derechos de los ciudadanos, incluidos los derechos lingüísticos".

El estudio presentado hoy por el Observatorio Social y Económico de la Justicia es el segundo que realiza la Cátedra UAB-CICAC desde su creación, en enero de 2015. Ese mismo año, se presentó el Informe sobre la reforma la organización judicial y su impacto en Cataluña, en el que se exponían los efectos que podía provocar la aprobación del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial presentado entonces por el Gobierno del Estado. El presente Informe sobre el estado de la administración de justicia en Cataluña 2016, pretende ofrecer un análisis más completo sobre el funcionamiento de este servicio público en Cataluña, proponiendo un sistema de evaluación propio que permitirá conocer anualmente su situación y evolución.

Más información: Cátedra UAB-CICAC Observatorio social y económico de la justicia