Un estudio del grupo MIRAS muestra que más de la mitad de lo que se dice en un juicio con intérprete no se traduce a la persona juzgada

10/07/2017

Un estudio realizado por las investigadoras del grupo de investigación MIRAS (Mediación e Interpretación en el Ámbito Social) constató graves carencias en la cantidad y la calidad de la información interpretada en los juicios a personas de habla estrangera.Les investigadoras han analizado vistas interpretadas en inglés, francés y rumano y han comprobado que, de media, no se interpreta el 54% de la información hablada -51% en inglés, 39% en francés y 61% en rumano-. Los resultados se presentaron en la VII Jornada sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, que tuvo lugar el 7 de julio.

Este porcentaje comprende tanto la interpretación en voz alta, que queda registrada en las grabaciones, como la que hace el intérprete al acusado al oído, que no queda gravada. Si sólo se tiene en cuenta la parte que se interpreta en voz alta, el porcentaje medio de lo que no se traduce llega hasta el 70%. El número medio de intervenciones enteras por minuto que no se traducen es de 2,7 (1,8 en inglés, 1,6 en francés y 3,7 en rumano), una cifra considerada alarmante por las autoras del estudio.

Se producen también solapamientos frecuentes entre los operadores judiciales, que dificultan una interpretación precisa y completa, así como una velocidad de habla muy alta -de hasta 240 palabras por minuto- en algunos fragmentos importantes del juicio, como el informe final o la sentencia in voce. En cuanto a la calidad de la interpretación, se cometen un promedio de 21 errores graves por hora, que suelen ser adiciones, falsos sentidos y omisiones; aunque también se producen otros relacionados con el lenguaje judicial, como un registro inadecuado o falta de precisión.

También han detectado intervenciones de los intérpretes para expresar ideas propias, aconsejar al acusado o advertirle, con una media de 45,5 veces por hora -50,2 en inglés, 11,9 en francés y 65,7 en rumano-. Las autoras consideran igualmente que los intérpretes y las empresas proveedoras de este servicio desconocen o no aplican el código deontológico existente y hacen un llamamiento a que se aplique en su totalidad la Ley Orgánica de 2015, que reconoce la traducción y la interpretación como aparte de núcleo esencial de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva.

Se puede encontrar más información sobre el proyecto en este enlace.