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En el entorno digital se están produciendo vulneraciones de derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la intimidad o el derecho a la protección de datos. La mayoría de estas vulneraciones pasan desapercibidas, ya que o bien desconocemos que se están produciendo, o bien el perjuicio que causan no se considera muy relevante a nivel individual (sin embargo, colectivamente pueden tener un gran impacto porque pueden afectar por igual a millones de personas dispersadas en todo el mundo). Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, empleado por parte de muchas empresas para seleccionar candidaturas para un trabajo, que discrimina a las mujeres o a personas racializadas no lo hará de forma evidente y afectará a todas aquellas personas en base a las cuales tome decisiones. Este sistema tendrá mucha más repercusión en comparación con una persona encargada de gestionar los recursos humanos de una empresa que tiene prejuicios contra las mujeres o las personas racializadas -ya que el alcance de sus decisiones será mucho más limitado.

La acción colectiva es un mecanismo jurídico que permite defender intereses comunes de una pluralidad de personas. Aunque la identificación de perjuicios y de víctimas sea muy complicada en el entorno digital y esto ocasione que sea difícil la creación de grupos de personas damnificadas; los poderes públicos, al disponer de muchos más recursos humanos y económicos para acceder a información, para interrelacionar a personas afectadas, para detectar las vulneraciones de mayor relevancia, y para coordinarse con instituciones para otros países; tienen una posición privilegiada para liderar esta tipología de acciones. Al tener ciertos indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales deberían poder impedir el uso actual y futuro de los sistemas empleados en el contexto digital que estén causando estas vulneraciones. Esto supondría que los poderes públicos asuman la búsqueda de mecanismos y la responsabilidad de proteger a las personas de las violaciones de derechos que pueden sufrir en el ámbito digital (donde existe mucha asimetría de poder entre las personas que lo utilizan y las empresas que lo facilitan).

Actualmente, existen ciertas normativas europeas que plantean la posibilidad de llevar a cabo acciones colectivas (la Directiva 2020/1828, que específicamente aborda la acción colectiva para los consumidores, el Artículo 80 del Reglamento General de Protección de Datos o el artículo 86 del Reglamento de Servicios Digitales). Sin embargo, desde nuestra perspectiva, estas no maximizan la posición privilegiada de los poderes públicos como garantes de los derechos fundamentales en el entorno digital.