Las universidades públicas catalanas reclaman mejoras en la política universitaria

27/10/2016

Declaración de los/de la rectores/a y presidentes/as de los Consejos Sociales en materia de política universitaria
 
Barcelona, ​​27 de octubre de 2016


Preámbulo

Las universidades tienen un rol estratégico en la nueva sociedad del conocimiento. Una sociedad de progreso y una economía competitiva en el contexto global requieren de universidades sólidas que atiendan, con plena responsabilidad y garantías, a sus funciones principales: la formación de ciudadanos y profesionales, la investigación científica, la transferencia de conocimientos y el fomento de la innovación. En Cataluña, el conjunto de universidades públicas catalanas, agrupadas en la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) han llevado a cabo en los últimos decenios una función social, cultural y económica muy remarcable: la educación superior se ha extendido ampliamente, tanto social como territorialmente y en todos los ámbitos del conocimiento; la investigación científica ha dado un salto espectacular, situándose Cataluña y sus universidades y centros de investigación en el panorama científico europeo de primer orden; la transferencia de conocimiento y el fomento de la innovación ha iniciado en los últimos años un camino necesario para ayudar a consolidar un tejido económico cada vez más basado en el valor añadido y la calificación profesional; finalmente, el compromiso social de las universidades catalanas se hace evidente en multitud de iniciativas y proyectos que ejemplifican la voluntad de servicio a la sociedad que las ha creado y las financia.
 
En este contexto, Cataluña vive un momento clave como país y como sociedad. La crisis económica-financiera de los últimos años ha golpeado fuertemente la sociedad y la economía catalana, también las universidades y su financiación pública. Y las reflexiones sobre el modelo de país y de sociedad que aspiramos a tener retan las universidades catalanas a consolidarse como eje de progreso, bienestar, vitalidad económica y cultural, plenamente internacionalizadas y comprometidas a nivel local y global. Es en este contexto que la ACUP, representada por los rectores y rectora y por los presidentes y presidentas de los Consejos Sociales, hacemos pública la siguiente declaración, con la voluntad y el firme compromiso de convertirse, más que nunca, instituciones al servicio de la sociedad catalana y su progreso y bienestar.
  
1. Autonomía, rendición de cuentas y gobierno de las universidades.

La universidad, desde sus inicios y hasta hoy día, tiene conferida amplia autonomía institucional para poder alcanzar, con rigor y exigencia, sus funciones académicas. En este contexto, la Constitución española de 1978 y las leyes de universidades de ámbito estatal y catalán reconocen la autonomía universitaria como principio fundamental. Asimismo, todos los informes de los últimos años y las reformas universitarias de todo el mundo abogan por una mayor autonomía institucional de las universidades, que revierta en una mayor capacidad de acción y de retorno a la sociedad. Sin embargo, la realidad es que la capacidad de autonomía institucional de las universidades catalanas es muy limitada, fruto de una excesiva regulación, a menudo intervencionista por parte de los poderes públicos. En este sentido, reclamamos una mayor autonomía de las universidades públicas catalanas, que se pueda desarrollar a fondo en sus cuatro dimensiones: organizativa, financiera, de gestión de personal y académica. Una autonomía institucional amplia que comporte sin lugar a dudas un rendimiento de cuentas periódico y profundo de las universidades en el Gobierno y en la sociedad a través del Parlamento. Asimismo, nos mostramos plenamente abiertos a mejorar en todo lo que sea necesario el sistema de gobierno de las universidades, por el bien de cumplir con las máximas garantías las misiones de formación, investigación científica, transferencia de conocimientos y compromiso social.
 
2. Financiación pública de las universidades.

Las universidades son una pieza clave en la nueva sociedad y en la economía del conocimiento. Las evidencias demuestran que los países son ricos y prósperos porque apuestan por la educación y la investigación científica, y no al revés. Asimismo, vivimos en un mundo complejo y cambiante que exige una inversión suficiente y sostenida en la educación superior y la investigación. En este sentido, reclamamos a la Generalitat un modelo de financiación estable que asegure la suficiencia económica de las universidades para poder cumplir sus misiones de formación, de investigación científica, de transferencia de conocimientos y de compromiso social, con el horizonte de alcanzar a medio plazo la financiación media de los países de la OCDE (1,22% del PIB), y que al mismo tiempo nos permita competir en mejores condiciones con los mejores sistemas universitarios a escala global. También reclamamos un plan de inversiones universitarias (PIU) a medio plazo, que priorice primeramente las medidas pendientes de PIU 2007-2013. Finalmente, reclamamos al Estado una ley de mecenazgo ambiciosa, que fomente otras vías de financiación filantrópico y privado. De forma específica, proponemos que el presupuesto de la Generalitat para el año 2017 contemple un incremento de 100 millones de euros en la partida para las universidades, lo que permitiría, en primer lugar, reducir un 10% las tasas y reducir el precio de los másteres hasta igualarlo al de grado y, en segundo lugar, haría posible un incremento de un 10% de la subvención para mejorar la formación, la investigación y la transferencia de coneixementsde las universidades.
 
3. Precios de matrícula y becas y ayudas a los estudiantes.

Para contribuir a la estabilidad presupuestaria en tiempos de crisis, el Real Decreto Ley 14/2012 establece que los estudiantes han de financiar entre el 15% y 25% del coste de su enseñanza universitaria. En esta línea, las aportaciones de los estudiantes universitarios en Cataluña en concepto de matrícula se ha incrementado en 10 puntos porcentuales entre 2011 y 2013 llegando a la franja superior, donde se han mantenido en los años siguientes. En este contexto, reclamamos que la aportación de los estudiantes tienda en los próximos años a igualarse a la media de la OCDE, que es de un 14%, y que, por tanto, se sitúe en el rango menor del Real decreto ley, aplicando anualmente reducciones como la reclamada en el punto anterior. Abogamos por un sistema integral de becas y ayudas a los estudiantes, que asegure en todo momento la igualdad en el acceso y en el progreso académico, y que permita atraer el mejor talento en la universidad. Asimismo, reclamamos la equiparación del precio de la matrícula de los estudios de grado y máster. Reclamamos que estas medidas se lleven a cabo sin perjudicar en ningún caso la financiación de las universidades públicas.
 
4. Oferta académica y calidad de los estudios universitarios.

Las universidades públicas catalanas queremos ser referentes de una educación superior de calidad, orientada a formar ciudadanos críticos y responsables y profesionales competentes. Las universidades se han integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) sin recursos adicionales para hacer esta integración pero con unos resultados más que satisfactorios, tal y como demuestran aspectos como la movilidad internacional, las nuevas metodologías docentes, la empleabilidad de los graduados, los niveles de formación requerida y los diversos estándares de calidad evaluados por AQU Catalunya. Dado que nunca ha habido una dotación económica específica para el desarrollo del EEES, desde la ACUP hacemos notar la necesidad de elaborar un estudio de los recursos económicos, de personal y de infraestructuras que requieran las universidades públicas catalanas para consolidar y mejorar la adaptación plena al EEES.
 
En cuanto a la estructura y duración de los estudios, a la ACUP consideramos que las competencias y la intensidad con que estas se alcanzan en cada título tienen una relación directa con la duración de los mismos y por eso hace suyos los acuerdos tomados en el seno del Consejo Interuniversitario de Cataluña, en el sentido de que:
 

• Únicamente las titulaciones nuevas de grado (no impartidas por ninguna universidad catalana) podrán diseñarse con una estructura de tres años (180 créditos). Para el resto de titulaciones de grado impartidas por varias universidades, el sistema universitario de Cataluña avanzará plegado hacia un proceso de convergencia europea, evitando que una misma titulación de grado se pueda alcanzar indistintamente en 3 años (180 créditos) o 4 años (240 créditos) en alguna de las universidades del sistema universitario de Cataluña;
• El cambio en la estructura de los estudios universitarios debe fundamentarse en razones académicas que garanticen la adquisición de las competencias formativas necesarias que faciliten a los graduados una adecuada inserción en el mundo laboral, y también atendiendo a la convergencia con el EEES;
• La modificación de la reducción de la duración de un grado no puede comportar una disminución de la subvención pública total;
• La modificación de la estructura académica no puede conducir en ningún caso a un incremento del coste de la matrícula para los estudiantes.

 
Aún así, las universidades públicas catalanas nos comprometemos a adoptar las medidas necesarias para ofrecer una oferta académica de calidad y homologable internacionalmente, incluyendo la implicación del sistema universitario en la formación a lo largo de la vida, fomentando la coordinación con las enseñanzas pre-universitarios -bachillerato y formación profesional-, y la oferta también de formación adaptada a los perfiles y necesidades de los adultos para la adquisición y actualización de competencias que les permita mejorar la empleabilidad y satisfacer las nuevas demandas sociales.
 
5. Investigación, innovación y transferencia de conocimientos.

Las universidades públicas catalanas constituimos el eje de la investigación científica y la formación de doctores del país. Los resultados del último decenio ponen en evidencia la calidad, la internacionalización y la eficiencia de la investigación universitaria si se compara con el resto de sistemas europeos y con los recursos que se invierten. Asimismo, las universidades públicas estamos tomando un protagonismo creciente en proyectos y actividades de transferencia del conocimiento en un sentido amplio, que sin duda redundan en una sociedad y una economía de mayor progreso, competitividad y grados de innovación. En esta línea, desde la ACUP reclamamos:

• Unas políticas públicas integradas en investigación, transferencia e innovación, donde las universidades públicas catalanas, al igual que los centros de investigación de Cataluña, reciban una financiación pública suficiente;
• La necesidad de trabajar en un sistema integrado de investigación, donde las diversas instituciones sumen esfuerzos para ganar competitividad internacional, visibilidad e impacto social, con mecanismos efectivos de transferencia de tecnología;
• La necesidad de una financiación basal específico para la investigación universitaria, complementando el actual modelo de financiación de las universidades, en el que tienen protagonismo mayoritario los indicadores de docencia, con nuevos programas que tomen como referencia los indicadores de investigación de las universidades;
• El reconocimiento, en la promoción del PDI, de la tarea de transferencia de conocimientos, con el compromiso de las universidades de plantearlo en el seno de AQU Catalunya y atendiendo a las diferentes áreas de conocimiento;
• Específicamente, proponemos aumentar significativamente en los próximos años las posiciones ICREA Academia, así como crear un fondo específico para fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación público-privada.

 
6. El personal docente e investigador.

El personal docente e investigador es la pieza clave que asegura la creación y transmisión de conocimientos en las universidades. Bajo los principios de mérito y capacidad, las universidades deben buscar, mantener y promover el mejor talento, venga de donde venga. En este sentido, la tasa de reposición y los límites de gasto del capítulo 1 de los presupuestos han supuesto la falta de relevo generacional y un envejecimiento de la plantilla de PDI como consecuencia del estancamiento de los procesos de reclutamiento, selección y promoción profesional del PDI, así como el incremento sustancial de posiciones de interinidad y de precariedad. Finalmente, la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente que desde las universidades nos comprometemos a impulsar mediante políticas que favorezcan el equilibrio de género.
 
Desde las universidades públicas reclamamos:

• La necesidad de poner en marcha un plan de choque ambicioso de 10 años entre la Generalitat y las universidades públicas para poder renovar las plantillas del PDI y para dar respuesta a las expectativas de promoción del PDI acreditado para posiciones de mayor nivel académico;
• La necesidad de reducir progresivamente las posiciones de interinidad y precariedad.
• El respeto a la autonomía universitaria en la política de personal en un contexto de estabilidad presupuestaria.

7. El personal de administración y servicios.

Un personal de administración y servicios cualificado y competente es condición necesaria en una universidad que pretende ser competitiva, eficiente y de calidad. Dado que en los últimos años no ha existido tasa de reposición del PAS, sería necesaria una acción específica del gobierno para dotar a las universidades de los recursos económicos necesarios que permitan, por un lado, una plantilla de personal adecuada a las misiones y objetivos de las universidades y, por otra parte, la estabilización del personal temporal de las mismas.
 
En este sentido la tasa de reposición que se está otorgando este año no permite resolver ni la estabilización de personal, ni la pérdida de efectivos de los años anteriores y tampoco es suficiente para la incorporación de personal especializado en diversos ámbitos, aspecto clave para reforzar los objetivos estratégicos de las universidades y del propio gobierno. Por otro lado, las restricciones económicas de los últimos años, provocadas básicamente por la importante reducción de los recursos públicos destinados a las universidades, ha supuesto carencias en la formación del PAS afectando negativamente a su propia carrera profesional así como al propio servicio. Una acción específica del gobierno para mejorar la formación del PAS ligada a ámbitos tan importantes y estratégicos de las universidades como la internacionalización, la transferencia, la innovación, etc. sería muy oportuna.
 
8. El estudiantado.

El estudiante es la pieza central del sistema universitario, junto con el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios. Los y las estudiantes son agentes protagonistas de las actividades y las dinámicas que tienen lugar en la universidad tanto en el proceso de aprendizaje como en el de gobernanza de la institución. Además, desde el ámbito docente, son también beneficiarios de la investigación y la transferencia de conocimiento del profesorado.
 
La garantía de estas condicionsinclou la dotación de los recursos necesarios para desarrollar, mantener y potenciar servicios, unidades y programas concretos dentro del ámbito universitario que permitan atender las necesidades educativas específicas, luchar contra las discriminaciones u ofrecer servicios de empleabilidad, entre otras aspectos.
 
Por un lado, la orientación de los estudiantes en la universidad pública debe poder ofrecer el máximo de autonomía para seguir la vida académica. Por otra parte, debe integrar la actividad profesionalizadora encaminada a potenciar el desarrollo de competencias para la ciudadanía activa y para el acceso a un empleo relacionado con sus estudios.
 
Desde esta perspectiva, reclamamos a las instituciones garantizar las condiciones necesarias en términos de autonomía universitaria y financiación pública que aseguren la igualdad de oportunidades efectiva en el acceso y la calidad de la formación, así como la representación y participación estudiantil activa.