Giorgos Kallis, firmante de la advertencia a la Comisión Europea sobre los riesgos del paquete Ómnibus I
Giorgos Kallis, investigador del ICTA-UAB, figura entre los más de 90 economistas prominentes de la Unión Europea que han firmado una declaración conjunta advirtiendo sobre los graves riesgos que supone el paquete Ómnibus I de la Comisión Europea. Aseguran que representa un retroceso significativo que podría poner en peligro el liderazgo global de la UE en materia ambiental y derechos humanos.
En su declaración conjunta, los economistas argumentan que los intentos de debilitar la Directiva sobre la Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) y la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) dentro del paquete Ómnibus I no solo son políticamente cortoplacistas, sino también económicamente injustificados. Instaron a la Comisión Europea, al Consejo de la UE y a los miembros del Parlamento Europeo a garantizar una implementación oportuna y ambiciosa de la CSDDD y de otras regulaciones del Pacto Verde Europeo.
La declaración conjunta de los economistas desmonta la afirmación de que las regulaciones de sostenibilidad afectan negativamente la competitividad. En cambio, explican los factores estructurales subyacentes que contribuyen a la desaceleración económica de Europa, que van desde décadas de retraso en la inversión en infraestructuras públicas y servicios públicos, debido al debilitamiento de la demanda interna en Europa, hasta políticas de bajos salarios y la redistribución de los beneficios del bienestar desde las capas bajas hacia las altas. Además, subrayan que las regulaciones de sostenibilidad están comenzando a surtir efecto, y que cualquier modificación a los marcos existentes podría socavar significativamente la estructura legal y generar incertidumbre para los inversores.
Principales hallazgos
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Costes de cumplimiento insignificantes para las grandes empresas al implementar las obligaciones de diligencia debida: apenas un 0,009 % de los ingresos en promedio, según un estudio de la London School of Economics.
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Las empresas respaldan las obligaciones de diligencia debida que exigen a las empresas responsabilidad ante la ley y posibles daños a terceros; por ejemplo, solo el 7 % de las empresas alemanas se oponen a estas medidas, según Handelsblatt Research Institute, 2024.
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Riesgos para la confianza de los inversores y la coherencia regulatoria si se revierten las normas de sostenibilidad.