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Si pensamos en agencias reguladoras, solemos imaginar instituciones como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que supervisa que los fármacos que tomamos sean seguros y eficaces, o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que vela porque sectores como la energía funcione con reglas justas para todos. Las reconocemos porque establecen reglas, vigilan que se cumplan, y resuelven disputas cuando algo sale mal. Son, en definitiva, árbitros técnicos en dominios complejos donde los ciudadanos no podemos —ni deberíamos tener que— revisar cada decisión por nuestra cuenta.

En muchos países, hay otra institución que hace lo mismo: el organismo electoral. En la academia no se les estudia como reguladores, en el sentido técnico, sino más bien como administradores. Pero nosotros argumentamos que sí son reguladores porque aprueban candidaturas, administran el padrón electoral, delimitan distritos, supervisan el financiamiento de campañas, organizan el acceso a los medios, gestionan las casillas el día de la votación, realizan recuentos y auditorías, y resuelven impugnaciones. Todo eso con la exigencia adicional de hacerlo de forma imparcial en el momento político más tenso del ciclo democrático: una elección.

En la academia también se estudia mucho qué determina que los ciudadanos confiemos en nuestras agencias reguladoras. Por ejemplo, ¿qué hace que confíen en la agencia que regula los fármacos que consumen a diario? Al tratar a los organismos electorales como agencias reguladoras, nos hicimos la misma pregunta: ¿cuándo y por qué los ciudadanos confían en ellos? Y para responderla, analizamos datos individuales de 17 países de América Latina a lo largo de cinco años.

La evidencia sugiere que confiamos más en los reguladores cuando están en manos de técnicos y expertos que operan con autonomía del poder político. En la pandemia, por ejemplo, las recomendaciones sanitarias generaban más confianza cuando venían de organismos técnicos autónomos que cuando venían filtradas por gobiernos con agendas políticas. Nosotros encontramos lo mismo: cuando un organismo electoral funciona con mayor autonomía del gobierno, los ciudadanos confían más en él. Cuando quien organiza las elecciones puede sancionar irregularidades, resolver disputas y certificar resultados con independencia de quién gane, los ciudadanos lo perciben. Y esa percepción se traduce en confianza.

Pero la autonomía no lo explica todo. Quiénes somos también importa. En América Latina, las personas mayores tienden a confiar menos que los jóvenes. Las mujeres tienden a confiar menos que los hombres. Y las personas negras y de origen mestizo tienden a confiar menos que las blancas. Por otro lado, los ciudadanos con más educación y de ideología más conservadora tienden a confiar más. En cuanto al entorno, en países con mayor corrupción percibida, la confianza en los organismos electorales tiende a ser menor. Y en países con mayor desigualdad económica —y América Latina es la más desigual del mundo— ocurre algo similar. Los ciudadanos tienen más razones para sospechar que las reglas del juego están escritas para unos pocos.

Vivimos una época en la que la legitimidad de las elecciones se cuestiona con fuerza: candidatos que no aceptan resultados, redes sociales llenas de teorías sobre fraudes, y movilizaciones que desafían el conteo de votos. En ese contexto, la confianza en los organismos electorales no es un detalle técnico, es la piedra angular de la democracia. Fortalecer la autonomía de los organismos electorales —dotarlos de recursos, blindarlos de interferencias partidistas, garantizar funcionarios competentes y políticamente neutros— no es un lujo institucional. Es una inversión en la credibilidad del sistema democrático entero. Y aunque nuestro estudio se enfoca en América Latina, la lección es universal: importa mucho que quienes administran las reglas del juego puedan decir, con razón, que no le deben nada a nadie.