El grupo de investigación Antígona hace un diagnóstico sobre las violencias sexuales en Cataluña

15/03/2017

El informe, titulado "El abordaje de las violencias sexuales en Cataluña", contiene tres partes: un marco conceptual (hecho por Patsilí Toledo y Montse Pineda), un marco jurídico internacional, estatal y autonómico (hecho por Patsilí Toledo, Encarna Bodelón , Nieves Tur y M. Jimena Martínez), y un diagnóstico sobre el modelo de abordaje de las violencias sexuales en Cataluña (hecho por Creación Positiva).

El informe se ha realizado mediante entrevistas, fondos documentales y encuestas. El diagnóstico concluye que "los estándares de servicios específicos del Protocolo Marco para una intervención coordinada contra la violencia machista son unos buenos instrumentos, pero no han sido planificados ni desarrollados adecuadamente para poder hacer efectivos". Además, dice la diagnosis que "a todo esto se suma que no han sido dotados de recursos técnicos ni presupuestarios". Hacer un mejor abordaje de las violencias sexuales en Cataluña está limitado porque no hay un órgano que pueda hacer una verdadera coordinación estratégica, según se explicita en el informe.

Cuando el marco jurídico, se observa una "falta de formación y especialización de operadores de justicia (jueces, fiscales, abogados, forenses, etc.), un problema transversal que permite la persistencia de estereotipos de género que llevan a la victimización secundaria e impiden el acceso a la justicia imparcial para las víctimas / supervivientes ". El marco normativo penal de los delitos sexuales, aunque hoy en día no es coherente con la protección del bien jurídico de la libertad sexual, manteniendo una injustificada distinción entre agresiones y abusos sexuales. De los casos que llegan a ser denunciados, falta información estadística que permita conocer el porcentaje de sentencias absolutorias y condenatorias.

El informe pone sobre la mesa también la ausencia de "un modelo de abordaje común" entre las consellerias de la Generalitat para hacer frente a la violencia sexual, la "falta de voluntad y compromiso político" y critica que "cada departamento trabaje de forma diferenciada sin pautas ni objetivos compartidos".

El ICD encargó el estudio en junio de 2015 para que dibujara un marco conceptual y jurídico sobre violencias sexuales e hiciera un diagnóstico sobre el modelo actual de abordaje de estas violencias. El informe destinado al Grupo de Trabajo para el Abordaje de las Violencias Sexuales, un grupo coordinado por el ICD e integrado por los departamentos de Interior, de Salud, de Justicia, de Educación, y de Asuntos Sociales, entre otras instituciones, y fue entregado el pasado septiembre.

Las conclusiones del informe señalan la falta de coordinación entre los protocolos de diferentes departamentos, protocolos que no tienen "concordancia ni de marco conceptual, ni lenguaje, ni de técnica". El estudio también evidencia "inequidad territorial", donde el buen funcionamiento de la red de servicios en caso de violencia sexual depende de la "voluntad de los profesionales" y de la implicación que adopten ayuntamientos, diputaciones, o consejos comarcales. Otra de las disfunciones que apunta el informe es la "falta de formación específica sobre violencias sexuales", lo que lleva a una "comprensión restrictiva" de las manifestaciones de este tipo de violencia, ya centrar las intervenciones en el "maltrato físico y psicológico ", pero no en la prevención y concienciación.

La autora del informe, la profesora de la UAB, Patsili Toledo, aseguró que "todavía arrastramos un modelo patriarcal donde, por ejemplo, se pide a las víctimas que cuenten su vida sexual anterior a la agresión, o se da credibilidad a las víctimas si manifiestan un trauma coherente con la gravedad del delito según un criterio judicial arbitrario ".

Las violencias sexuales son aquellas que "tienen una naturaleza sexual y de control de los cuerpos de las mujeres", y comprenden las agresiones sexuales, abusos sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual en el ámbito laboral y comunitario y cualquier violencia que atente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Según datos del Departamento de Interior de la Generalitat, las denuncias por agresiones sexuales durante 2016 subieron un 9,34% respecto a 2015.