Nuevas aportaciones en la lucha por la justicia ambiental
20/10/2014
Dirigidos por los investigadores del ICTA Beatriz Rodríguez-Labajos y Christos Zografos, el equipo de expertos de EJOLT ha estudiado las condiciones bajo las cuales herramientas como evaluaciones monetarias, análisis de coste-beneficio (CBA) y análisis multi-criterio (MCA) funcionan para explorar y poner de manifiesto la insostenibilidad de proyectos medioambientales controvertidos. Además de los investigadores de la UAB, el equipo incluye organizaciones de Nigeria, Kenia, Colombia, Bulgaria, Eslovenia y Turquía, que han participado directamente en la defensa de comunidades afectadas por injusticias ambientales.
La implementación de herramientas de evaluación socioeconómicas es una aproximación reciente en que colaboran los académicos y las organizaciones sociales de justicia ambiental. "Las herramientas de evaluación, que son una ayuda en algunos casos no son, no obstante, una panacea: son el mejor método cuando se utilizan estratégicamente, cuando no alteran u obstaculizan las formas de expresión o prioridades de aquellos que experimentan las injusticias ambientales, y si pueden ayudar a nivelar las asimetrías", comenta Christos Zografos, respecto a los resultados obtenidos en el estudio.
Como ejemplo, los investigadores explican que la aplicación del análisis coste-beneficio en cuanto a las plantaciones de caña de azúcar en el Delta del Tana (Kenia) demuestra que ha sido una herramienta importante para luchar contra ellas. En cambio, en el caso de la oposición al proyecto de explotar minas en el Monte Ida (Turquía), traducir el conjunto de los valores a dinero podría haber perjudicado la legitimidad social de otras perspectivas, como los derechos territoriales y el acceso a los recursos naturales.
Los resultados sugieren que cuando se aplican de manera estratégica, estas herramientas son más efectivas, porque ayudan al debate sobre las implicaciones de futuro para las poblaciones locales y sirven para asesorar en la elaboración de normativas institucionales. Por el contrario, desactivan la movilización local cuando fuerzan a las comunidades a expresar sus preocupaciones dentro de esquemas de evaluación que no se adaptan a sus sistemas de valores e intereses, cuando reproducen relaciones de poder desiguales o en aquellos lugares donde las decisiones públicas tienen poco que hacer con lo que el estudio denomina “argumentos razonados”.
Beatriz Rodríguez-Labajos explica que “las herramientas de evaluación socioeconómica del impacto ambiental se pueden usar para desmontar los pretextos que utilizan a menudo los promotores de proyectos y que llevan a perpetuar las injusticias ambientales. Específicamente, el pretexto de que el proyecto "tenga sentido a nivel económico", que normalmente es utilizado para sacar adelante proyectos perjudiciales para el medio ambiente y las comunidades de la zona”.
El informe –el decimosexto elaborado en el marco de EJOLT- destaca que profundizar en el conocimiento de estas herramientas aporta beneficios en la colaboración entre activistas y académicos. Un resumen asociado al informe ofrece recomendaciones sobre su uso y enumera diez aspectos para tener en consideración antes, durante y después de usar una herramienta de evaluación socioeconómica.