El Observatorio Económico y Social de la Justicia analiza la reforma de la organización judicial

22/04/2015

El informe "Consecuencias económicas y sociales del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder judicial en Cataluña" hace una radiografía del estado actual de la Administración de Justicia y analiza las reformas de la organización judicial previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial que está llevando a cabo el Gobierno estatal.
 
Los codirectores de la Cátedra Manuel Cachón, catedrático de Derecho Procesal, y Enric Fossas, catedrático de Derecho Constitucional, presentaron el informe en un acto que contó con la participación del director ejecutivo de la Obra Social "la Caixa", Jaume Lanaspa, del presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, de la decana de la Facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater, y del consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, que cerró el acto.
 
El profesor Enric Fossas explicó lo que hubiera supuesto, en el caso de ser finalmente aprobado, el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, presentado por el Gobierno el mes de abril de 2014. Este anteproyecto proponía una profunda modificación de la organización judicial que hubiera supuesto un fuerte impacto en diversos ámbitos de la Administración de Justicia en Cataluña. Fossas dividió este impacto en cinco ámbitos: estructural (1.475 órganos judiciales habrían suprimido y, de éstos, 898 Juzgados de Paz), procesal, del personal de la Administración de Justicia, de las infraestructuras y del usuario del servicio público de Justicia.
 
En el transcurso de su elaboración, este anteproyecto fue muy modificado y, después de haberse producido un relevo al frente del Ministerio de Justicia, se aprobó el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial el pasado 27 de febrero de 2015. Esta nueva propuesta legislativa fue analizada por el profesor Manuel Cachón que, a pesar de reconocer que ésta abandona buena parte de los cambios organizativos del anterior texto, aún mantiene unos planteamientos similares.
Cachón expuso que el proyecto de LOPJ acoge parcialmente alguna de las ideas fundamentales en que se basaba el anterior proyecto, como la ampliación de la relevancia de las demarcaciones judiciales de ámbito provincial. En conclusión, si bien la reforma diseñada por el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un alcance menor que la propuesta por el anteproyecto, algunos de los criterios esenciales en los que se fundamentaba el ALOP han sido asumidos por el proyecto actual, de tal manera que en diversos ámbitos se producirán unos efectos prácticos similares a los que se hubieran producido con la implementación de la ALOP.
 
A pesar de valorar positivamente el hecho de que el nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial mantenga los partidos judiciales, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, se mostró contrario a medidas previstas en la LOPJ, ya que "deja en manos del presidente de la Sala de Gobierno el reparto de asuntos, que hasta ahora se rigen por unas normas legales de competencia territorial”. Para Pié "este criterio pone en riesgo la justicia de proximidad". Por su parte, la decana de la Facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater, consideró que el valor añadido de este informe "consiste en reflejar datos objetivos y contrastados útiles para valorar el impacto de la reforma sobre el usuario del servicio público de la justicia "y mostrar cómo este nuevo proyecto" reducirá el ratio de juez por habitante en Cataluña, ya actualmente preocupante”.
 
Cataluña, una de las Comunidades Autónomas con menos jueces
 
El estudio, que hace una radiografía del estado actual de la organización judicial en Cataluña aportando datos significativos referentes a los órganos judiciales, al personal, al volumen de asuntos, los medios materiales y en la calidad de la Justicia, pone de relieve que la media de plazas de jueces y magistrados en Cataluña se encuentra sensiblemente por debajo de la media estatal. Con una ratio de 10,2 plazas por cada 100.000 habitantes, frente la media estatal de 11,1, Cataluña es una de las Comunidades Autónomas con un menor número de plazas de jueces y magistrados, sólo por delante de Castilla - La Mancha (8,8), Navarra y Extremadura (10,1).
Los datos constatan que Girona y Lleida, por ejemplo, se encuentran infradotadas en cuanto a personal de la Administración de justicia y que existe una clara tendencia al mayor peso de las capitales con respecto al resto de cada provincia. También se detecta que, en la jurisdicción civil, los juzgados de fuera de la capital de provincia se encuentran más congestionados, menos atendidos por jueces titulares y sus resoluciones tienen una tasa de revocación más alta que los juzgados de las capitales. Pero, en cambio, no ocurre lo mismo en las jurisdicciones penal y social de los juzgados comarcales.

En cuanto al volumen de asuntos, los Tribunales de la provincia de Barcelona son los que más volumen de asuntos tienen, con diferencia, en el territorio de Cataluña y en todos los órdenes jurisdiccionales. Representan el 63% de todos los asuntos pendientes a finales de año, seguidos de los Tribunales de Girona (20%), Tarragona (12%) y Lleida (5%). Por jurisdicciones, la civil y penal son las que más volumen de asuntos representan en todo el territorio catalán. La jurisdicción civil representa el 39% del volumen de asuntos pendientes a final de año, seguida de la penal con un 35% de los asuntos, la laboral (22%) y la contencioso administrativa (4%). Si nos fijamos en los medios materiales, resulta que la provincia de Barcelona dispone de una media de 2,52 inmuebles por cada partido judicial, mientras que Tarragona cuenta con una media de 2,12, Lleida con 1,71 y Girona es la que presenta una media más baja de inmuebles por partido judicial: 1,51.
 
El consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, finalizó el acto afirmando que Cataluña necesita aumentar su plantilla de jueces y magistrados y alcanzar al menos los 1.000 efectivos para ser un "país moderno". Sobre el proyecto de ley, Gordó señaló que, a pesar de que las consecuencias del nuevo proyecto de ley son "mucho más limitadas", la filosofía es similar, por lo que ha anunciado que presentarán varias enmiendas contra la ley: debido a que no contempla la creación de los Consejos de Justicia que recoge el Estatuto, para pedir aumentar las competencias de los juzgados de paz para que puedan asumir más procesos y para que el catalán en la administración de justicia sea un requisito obligatorio.
 
El Observatorio Social y Económico de la Justicia, creado el pasado mes de enero, realizará informes anuales para proporcionar datos sobre aspectos de la Administración de Justicia que afectan a los ciudadanos, analizará las repercusiones económicas y sociales de las reformas legislativas, y llevará a cabo estudios monográficos sobre cuestiones de especial relevancia para la prestación eficaz del servicio público de la Justicia. La Cátedra cuenta con el patrocinio de la Obra Social "la Caixa" y con la colaboración de la compañía Alter Mutua de los Abogados.