Blanca Vilà asesora a la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo
30/07/2014
La profesora de la UAB Blanca Vilà ha formado parte del equipo jurídico que ha asesorado a la Comisión Europea en contra del procedimiento de ejecución hipotecaria español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado 17 de julio dictó una importante resolución según la cual las ejecuciones hipotecarias podrán ahora ser suspendidas por el Juez que examina el carácter abusivo o no de las cláusulas.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo avala la posición de la Comisión Europea, asesorada, entre otros, por la profesora de la Facultad de Derecho Blanca Vilà, catedrática de Derecho Internacional Privado, en su condición de Experto Nacional.
Es previsible que esta sentencia del Tribunal de Luxemburgo afecte de forma inmediata y directa a muchos procedimientos de ejecución hipotecaria ahora en curso. Se trata, por tanto, de una decisión muy relevante y con un gran impacto práctico para las personas que se encuentran inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria y, en consecuencia, enfrentadas a la posibilidad de un desahucio.
Blanca Vilà se encontraba en situación de Experto Nacional destacado en la Comisión Europea hasta el mes de julio. Esta figura permite a organismos de los Estados miembros de la Unión, incluidas sus Universidades, desplazar a expertos que desarrollan su actividad profesional por un tiempo en las instituciones europeas, que se aprovechan de los conocimientos y capacidades de estos expertos. Los Estados miembros y los organismos de origen de estos expertos se benefician, a su vez, de la experiencia adquirida por dichos expertos durante su estancia y, en conjunto, esta figura contribuye a profundizar en la relación entre instituciones nacionales y europeas, siendo, por tanto, un elemento esencial en la dinámica de la Unión.
El Tribunal de Justicia interpreta el Derecho de la UE para garantizar que se aplique de la misma forma en todos los países miembros. También resuelve conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones de la UE. Los particulares, las empresas y las organizaciones pueden acudir también al Tribunal si consideran que una institución de la UE ha vulnerado sus derechos.