Prácticas y empleo para personas con diversidad funcional



Las empresas públicas y privadas que ocupen 50 o más trabajadores están obligadas, según la Ley General de Discapacidad (LGD) 1/2013, conocida como LISMI, a que al menos el 2% de sus trabajadores dispongan de un certificado de discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33%. Esta ley ha incentivado el aumento de las oportunidades laborales para las personas con diversidad funcional y también representa una opción de mejora de la responsabilidad social de la empresa/institución (información de la Generalitat de Catalunya o del Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Sin embargo, la empresa o institución que contrata una persona con diversidad funcional puede beneficiarse de una serie de ventajas fiscales que se pueden consultar en las guías de diferentes organismos y en el apartado sobre fiscalidad de la web del Comité Español de Representantes de Personas con Diversidad funcional (CERMI).

Dentro de este marco legal, la UAB facilita la incorporación al mundo laboral de sus estudiantes y titulados con diversidad funcional mediante el programa UABImpuls que, con la estrecha colaboración del Servicio de Empleabilidad de la UAB, los asesora y acompaña en su proceso de inserción. Este programa se engloba dentro de los proyectos de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) que, además, permite la posibilidad de cumplir la LGD a través de las medidas alternativas.

Puede encontrar más información en la web del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya.

El Servicio de Ocupabilidad de la UAB dispone de datos de personas estudiantes y tituladas con diversidad funcional dentro de su base de datos, NEXUS (registrada con el nivel máximo de seguridad), para que las empresas e instituciones que deban cumplir con la legislación y tengan interés en incorporarlas puedan publicar sus ofertas de prácticas y/o laborales.